Concejal de Concepción inicia periodo incumpliendo normativas

Algunos ediles municipales de Concepción quienes asumieron recientemente juraron para el cargo sin cumplir lo dispuesto en la legislación vigente, en relación a las incompatibilidades contempladas en la propia Constitución Nacional. El presidente del legislativo, Óscar Miranda, que asumió la banca sin haber renunciado a sus funciones en el Ministerio de Salud, afirmó que librará una batalla judicial para no perder uno de los cargos.

La junta municipal de Concepción empezó «con el pie izquierdo», considerando la situación de algunos de sus nuevos miembros en relación al marco legal que se refiere a las inhabilidades e incompatibilidades para asumir el cargo.


Según dispone el artículo 196 de la Constitución Nacional, que habla de las incompatibilidades, «Podrán ser electos, pero no podrán desempeñar funciones legislativas, los asesores de reparticiones públicas, los funcionarios y los demás empleados a sueldo del Estado o de los Municipios, cualquiera sea la denominación con que figuren y el concepto de sus retribuciones, mientras subsista la designación para dichos cargos. Se exceptúan de las incompatibilidades establecidas en este artículo, el ejercicio parcial de la docencia y el de la investigación científica».


Asimismo, la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 26 se refiere a las incompatibilidades, estableciendo que «Podrán ser electos, pero no podrán desempeñar sus funciones como Concejales, quienes se hallen incursos en las causales de incompatibilidad, establecidas en el Artículo 196 de la Constitución Nacional y en las leyes electorales”.


El Código Electoral, Ley Nº 834/96, por su parte, en su artículo 96 establece que «No podrán ejercer funciones electivas: (..) los Ministros del Poder Ejecutivo, los Viceministros de Estado, los Secretarios Generales de los Ministerios, los Directores Generales de reparticiones públicas, los Gobernadores, los Presidentes, Gerentes o Directores Generales de los entes autárquicos o autónomos y entidades binacionales y los miembros de los directorios y consejos administrativos de los mismos y demás funcionarios a sueldo del Estado, Gobernación o Municipio».


También la Ley Nº 5766, que modifica los artículos 54 y 56 de la Ley Nº 1626, de La Función Pública, en su artículo 54 modificado dispone que «Podrá concederse permiso especial, sin goce de sueldo, en los siguientes casos: a-) para prestar servicios en otra repartición, hasta un año; y, b-) para ejercer funciones en organismos internacionales, hasta cuatro años. Al término del permiso especial, el funcionario público podrá ocupar la primera vacancia que hubiera en el organismo o entidad respectiva, en la categoría que le corresponda”.


Basada en estos artículos de la legislación nacional, mencionados, más algunos extractos de acordadas de la Corte Suprema de Justicia y opiniones de reconocidos juristas, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría de la Función Pública emitió en la víspera un dictamen sobre la cuestión.


La parte conclusiva del mencionado documento expresa textualmente:

1.-) El Art. 26 de la Ley Nº 3966/10 “ORGÁNICA MUNICIPAL”, dispone las incompatibilidades para el ejercicio de la función de Concejal y lo deriva a las previstas en el Art. 196 de la Constitución de la República por el cual se prohíbe que una persona que ostenta un cargo público electivo ejerza, simultáneamente, otro cargo público en la Administración Pública, sea estatal o municipal, mientras subsista la designación para dicho cargo.


2.-) La persona que se postula y accede a un cargo electivo, en nuestro caso como Concejal, no puede desconocer la existencia de ciertos requisitos demandados por la norma que exigen del mismo ciertos comportamientos para el desempeño de sus funciones como tal, independientemente si se renuncia a la dieta que va a percibir o al salario que tiene como servidor público, pues la normativa y la doctrina además de la prohibición de doble remuneración, también refiere a la incompatibilidad con el ejercicio de cargos públicos.


3.-) El cargo de Concejal es incompatible con el desempeño de cualquiera otra función pública, con excepción, del ejercicio parcial de la docencia y el de la investigación científica. En el caso de que un ciudadano que perciba una remuneración del Estado o de un municipio resulte electo como Concejal deberá renunciar a su cargo antes de asumir el cargo electivo, esta disposición no exceptúa al personal de blanco, únicamente la docencia y la investigación científica.


4.-) La Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública”, no tiene previsto el permiso especial sin goce de sueldo para ejercer funciones legislativas (Senador, Diputado, Concejal y otras funciones legislativas), cabe resaltar que el permiso especial sin goce de sueldo por el periodo de un año, es para seguir prestando servicios en otra repartición del Estado como funcionario pero con funciones administrativas, no para ejercer una función legislativa, en ese sentido, atendiendo que la administración se rige por el Derecho Administrativo, se debe velar por el cumplimiento de sus principios y la interpretación de las normas deben ceñirse a dichos principios.


De los nuevos concejales municipales de Concepción, varios tienen vínculos con el Estado en diferentes instituciones, pero hasta la fecha, solo los colorados, Celso Cañete del SNPP y Alfredo Medina del Ministerio de Salud, así como el liberal Fernando Ruiz de la Gobernación, presentaron sus respectivas renuncias y las socializaron.


Aparte de los tres mencionados, se habla de otros, como los liberales Omar González (Ministerio de Salud), Félix Ibáñez (Justicia Electoral) y Rubén Figueredo (Ministerio de Agricultura), así como los colorados Óscar Miranda (Ministerio de Salud) y Patricia Coronel (Ministerio de Educación). Estos no dieron señal de renuncia alguna a sus respectivos vínculos con el Estado, ni tampoco salieron a negar la existencia de los mismos.


El único que públicamente reconoció su situación fue el Dr. Óscar Miranda, elegido como presidente de la junta. El mismo argumentó que fue electo por voluntad popular y que el dictamen publicado por la Secretaría de la Función Pública «no es vinculante». También reivindicó el «derecho al trabajo», que, según el médico, «está garantizado por la Constitución Nacional».


Finalmente, Miranda refirió que solicitó permiso por un plazo de tres meses en el Ministerio de Salud y en el IPS, además, sostuvo que «tendremos el momento de dirimir en la justicia».


Fuente: Radio Regional.

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